Álvarez Máynez solicita desafuero de Rubén Rocha Moya ante el Congreso
El dirigente político Jorge Álvarez Máynez formalizó ante el Legislativo una petición de desafuero contra el gobernador de Sinaloa tras su reincorporación al cargo.
Jorge Álvarez Máynez presentó formalmente este domingo una solicitud de juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados para retirar el fuero constitucional al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta acción ocurre inmediatamente después de que el mandatario estatal retomara sus funciones ejecutivas, argumentando la necesidad de que las autoridades judiciales investiguen las responsabilidades políticas y legales atribuidas a su administración en meses recientes.
El equipo de comunicación de Álvarez Máynez señaló que la petición se fundamenta en la exigencia de transparencia sobre la situación de seguridad que atraviesa la entidad federativa. Según la postura expuesta, el objetivo principal del proceso es permitir que la Fiscalía General de la República actúe sin las restricciones que impone la inmunidad constitucional del cargo, garantizando que el Poder Judicial pueda realizar las diligencias necesarias en el marco de la legalidad mexicana.
Desde la perspectiva de los promotores de esta solicitud, el retorno de Rocha Moya a la gubernatura no debe ser un obstáculo para la rendición de cuentas. Argumentan que, ante la crisis de seguridad pública que afecta a diversas regiones del estado, es indispensable que el Congreso de la Unión analice si existen condiciones que justifiquen la separación del cargo para facilitar las investigaciones de las autoridades federales.
El proceso de desafuero, en caso de ser admitido por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, iniciaría una etapa de desahogo de pruebas donde el gobernador tendría el derecho de audiencia para defenderse ante los señalamientos. Hasta el momento, el Congreso de la Unión no ha confirmado una fecha para el inicio de las sesiones de análisis sobre este caso específico.
Por su parte, el gobierno del estado de Sinaloa ha mantenido una postura de apego a sus facultades constitucionales, enfatizando que el mandatario continúa ejerciendo sus funciones conforme a la ley vigente. La situación permanece bajo observación de los actores políticos nacionales, mientras se espera que el Poder Legislativo determine el cauce legal que seguirá esta petición formal presentada este fin de semana.
