Concanaco destaca avances legislativos contra la extorsión previo al informe presidencial

A pocos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente su Segundo Informe de Gobierno, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) ha hecho un balance sobre el clima de negocios en México. Octavio de la Torre, presidente del organismo, señaló que el sector empresarial observa con optimismo el fortalecimiento de los marcos jurídicos destinados a combatir la extorsión, un fenómeno que históricamente ha afectado la operación de miles de comercios en diversas entidades del país.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles, el dirigente empresarial destacó que la colaboración entre el sector privado y las autoridades federales ha permitido poner sobre la mesa propuestas concretas para robustecer la seguridad jurídica. Según el representante del sector terciario, la simplificación administrativa y la lucha contra la subregulación son ejes fundamentales para estimular la inversión privada y garantizar la estabilidad económica nacional en el cierre del segundo año de la administración actual.

Desde la perspectiva de la Concanaco, el combate frontal contra las prácticas de extorsión es una prioridad que debe consolidarse mediante reformas legislativas claras en el Congreso de la Unión. Los integrantes de la confederación han manifestado su disposición para trabajar de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de implementar esquemas de protección más eficaces que permitan a los pequeños y medianos negocios operar en un entorno de mayor certeza y tranquilidad.

Finalmente, el gremio empresarial enfatizó que, aunque reconocen la estabilidad macroeconómica observada en los últimos meses, es imperativo que las políticas públicas se enfoquen en reducir las barreras burocráticas que frenan el crecimiento. La postura de la cámara comercial subraya que el éxito de los programas económicos depende directamente de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad que permitan el libre desarrollo de las actividades productivas en todo el territorio mexicano.