Congreso local rechaza declarar zonas tensionadas de alquiler y blinda escaño
El bloque mayoritario en el Congreso local votó en contra de regular los precios de vivienda y respaldó la permanencia del titular del ejecutivo estatal en su curul.
El Congreso local rechazó este jueves la propuesta para declarar zonas tensionadas de alquiler en trece municipios de la entidad, una iniciativa que buscaba implementar controles en los costos de vivienda. La mayoría parlamentaria, integrada por los grupos legislativos del Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo, impidió la declaratoria al argumentar que dichas medidas intervienen en la libertad de mercado y la propiedad privada.
La negativa legislativa surge tras meses de peticiones por parte de diversos gobiernos municipales, cuyos alcaldes buscaban herramientas legales para contener el incremento en los precios de los arrendamientos. Los legisladores de oposición habían planteado que la declaratoria permitiría incentivos fiscales y topes en los precios para proteger a las familias con ingresos limitados, pero la propuesta fue desechada tras un intenso debate en el pleno.
En la misma sesión, el bloque mayoritario votó a favor de mantener el escaño del gobernador en funciones, Carlos Mazón, frente a los intentos de sus adversarios políticos por forzar una renuncia o una licencia forzosa. La bancada oficialista sostuvo que no existen fundamentos jurídicos para retirar al mandatario de su cargo, blindando así su posición frente a las presiones de los grupos parlamentarios minoritarios.
Los partidos de oposición criticaron la decisión calificándola como una falta de sensibilidad ante la crisis de vivienda que enfrentan los ciudadanos en diversas zonas urbanas. Por su parte, los representantes del bloque mayoritario defendieron la estabilidad institucional del estado y aseguraron que la regulación de precios no es la vía adecuada para atender las necesidades habitacionales de la población.
La sesión concluyó sin que se alcanzaran acuerdos en materia de política habitacional, dejando pendiente el análisis de posibles alternativas que no impliquen la intervención directa en el mercado. Mientras tanto, colectivos de ciudadanos han anunciado que continuarán con sus gestiones ante las autoridades estatales para buscar soluciones que alivien la carga financiera de los inquilinos en el corto plazo.
