Suprema Corte ordena a financiera indemnizar por registro indebido en buró
El máximo tribunal determinó que Cofidis deberá pagar 2,000 euros a una usuaria por incluirla en listas de morosos mientras su deuda estaba bajo litigio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un fallo relevante en materia de protección al consumidor, sentenciando a la financiera Cofidis a pagar una indemnización de 2,000 euros a una de sus clientas. La resolución se deriva de la inclusión indebida de la afectada en ficheros de morosos, una medida tomada por la institución mientras la deuda reclamada se encontraba aún en proceso de litigio judicial.
El tribunal determinó que la financiera vulneró el derecho al honor de la usuaria al reportar una deuda que carecía de la firmeza necesaria para ser catalogada como impago exigible. Según el criterio judicial, las entidades financieras no pueden utilizar los registros de morosidad como una herramienta de presión para el cobro de créditos que están siendo discutidos legalmente ante las autoridades competentes.
Este fallo sienta un precedente importante para los usuarios de servicios financieros en el país, quienes han expresado en diversas ocasiones su preocupación por la facilidad con la que sus datos son reportados a las sociedades de información crediticia. La sentencia subraya que la presunción de legitimidad de una deuda debe ser absoluta antes de proceder a cualquier tipo de señalamiento que afecte la reputación crediticia de una persona.
La institución financiera deberá cubrir el monto de la indemnización por los daños morales causados a la clienta tras la afectación injustificada de su historial. Este caso recuerda a los ciudadanos la importancia de acudir a las instancias de defensa del consumidor cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados por prácticas abusivas de cobro o reportes malintencionados ante burós de crédito.
Especialistas en derecho mercantil señalan que este tipo de resoluciones fortalecen la seguridad jurídica de los usuarios frente a las grandes corporaciones. La Suprema Corte ha dejado claro que el proceso de litigio protege al deudor de medidas coercitivas extrajudiciales que busquen estigmatizar su comportamiento financiero mientras un juez no determine lo contrario.
